Se distribuía a las empresas nacionales más importantes, a gerentes, contadores, auditores, revisores fiscales, industriales, comerciantes y altos funcionarios oficiales y del cuerpo diplomático.
Además, muchos autogeneradores producían su propia luz y el excedente se lo vendían a las eléctricas y éstas tenían la obligación de comprar esos kilovatios a precios muy altos.