En la práctica, lo que el gobierno está haciendo en ese mundo rural pobre, de pequeños productores parceleros, comunitarios, quechuahablantes, es promover la minería y focalizar los programas sociales.
Por el precio de 1.00 los parceleros tuvieron la oportunidad de adquirir sus terrenos donde tenían sus casas, ranchos y huertos en virtud de la ley 35 de 1969.