La medida cautelar impuesta aparece, entonces, como indispensable, razonable y proporcional para evitar la frustración de la investigación de la verdad, señalaron los camaristas.
Según los camaristas, el límite para ese negocio afecta a la sustentabilidad económica de las empresas y su consecuente independencia de los gobiernos.
Los camaristas confirmaron esencialmente el fallo de primera instancia, aunque elevaron algunas de las indemnizaciones, llevándolas a un total de 1.991.633,34 pesos.
