Las operaciones de esta última campaña implicaron fuego masivo, arrasamiento de bases subversivas que eran caseríos cocaleros, e incluso bombardeo con rockets desde helicópteros.
La falta de recursos y la corrupción de funcionarios llevaron a que estos espacios, destinados a la readaptación social, funcionaron como escuelas subversivas donde se reforzaba el discurso violentista.
